La ANFP se alista para una guerra. Está decidida a mantener el vínculo comercial que la une con Betsson, pese a la resolución del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia que la obliga a terminar el lazo con el patrocinador de los campeonatos nacionales de Primera División y de Primera B. Tenía 30 días desde el 1 de septiembre para cumplir la orden, que emana justamente desde la cartera que la rige como corporación de derecho privado sin fines de lucro.
La ofensiva es concreta. Tal como lo había anticipado a través de un comunicado, la batalla se librará en los tribunales. En ese contexto, según investigó El Deportivo, la entidad que preside Pablo Milad interpondrá antes del 30 de septiembre un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el entendido de que se están vulnerando derechos fundamentales. En el escrito se solicitará una orden de no innovar que, en la práctica, permitiría estirar el plazo para las acciones definitivas.
La estrategia
La acción irá en la línea de lo que la corporación había anunciado el 8 de septiembre, a través de sus plataformas oficiales. “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), informa que presentará un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Oficio Nº5293 de la Subsecretaría de Justicia, notificado por este organismo el viernes 1 de septiembre recién pasado. En dicho oficio, la Subsecretaría de Justicia instruyó a la ANFP, entre otras medidas, dejar sin efecto el contrato que ésta mantiene vigente por el naming del campeonato de Primera División y Primera B, en un plazo de 30 días”, había establecido.
En esa oportunidad, en Quilín cuestionaron la competencia de la repartición gubermanental para dictar la orden. “La ANFP estima que el Ministerio de Justicia y DD.HH. carece de las atribuciones legales para dictar el Oficio Ordinario Nº593, en especial, en lo referido a contratos vigentes. Por lo tanto, impugnará ese acto administrativo a fin de que la Corte de Apelaciones restablezca el imperio del derecho y asegure a la ANFP, como a toda persona jurídica, los derechos básicos que la Constitución le garantiza”, sostiene, en línea con la estrategia legal que eligió.
En ese sentido, remitió la decisión a la justicia y se comprometió a respetar su resolución. “La ANFP reitera que es una institución respetuosa de la ley y del Estado de Derecho y, por lo tanto, dará estricto cumplimiento a la resolución definitiva de esta controversia”, puntualizó.
Fuente: La Tercera
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