Javier Castrilli continúa en Santiago. El ex presidente de la comisión de árbitros del fútbol chileno, quien fue despedido el miércoles de la semana pasada, luego de la filtración de los audios de Francisco Gilabert, quien acusó presión del argentino para sancionar el polémico penal en el duelo de revancha entre Huachipato y Copiapó, por la Promoción, no piensa moverse de Chile hasta aclarar la situación que hoy lo tiene en la polémica. Reclama inocencia, según ha dejado ver en sus redes sociales, mientras espera firmar el finiquito que lo desvinculará de manera definitva de la ANFP. Su contrato expiraba el 31 de diciembre.
Es que Castrilli asegura que hay un complot en su contra. Los audios del VAR, que se expusieron a los pocos días, no coinciden con las graves acusaciones que realizó Francisco Gilabert casi seis meses después, a 24 horas de conocerse que 11 jueces fueron despedidos. “Uno se pregunta… es tan difícil de hacer un peritaje de las llamadas telefónicas en la Justicia Chilena??? Qué absurdo…para que se caiga de una vez por todas esta farsa y quede al descubierto que fue todo armado para que vuelvan todos los árbitros despedidos”, decía este sábado, en sus redes sociales.
En la ANFP la investigación continúa. Miguel Ángel Valdés, el oficial de cumplimiento de la ANFP, ha estado interrogando a diferentes funcionarios y personas ajenas a la sede de Quilín que estuvieron involucradas en la acusación de Gilabert. Al mismo tiempo, el funcionario que tiene total independencia de la ANFP, se ha reunido con el directorio, les ha entregado avances y les ha pedido calma para poder desarrollar en detalle la investigación.
Este lunes, el oficial de cumplimiento interrogó a Castrilli. El argentino le propuso que todos los árbitros entregasen el listado de llamadas que realizó durante el periodo de tiempo en el que se disputó el polémico encuentro. El exjefe de la comisión dijo que no tenía problemas en autorizar a que todos sus móviles fueran intervenidos, pidiendo los informes a las empresas que prestan servicios de comunicación para que informaran cada llamada realizada. Pidió que se le investigue a él, a sus colaboradores más cercanos (Braulio Arenas y Osvaldo Talamilla). Y también a los jueces involucrados en el polémico duelo.
“Pongo a disposición de la ANFP, en forma voluntaria, mi teléfono celular y el de los miembros de la Comisión despedida, con el detalle de todas las llamadas efectuadas y recibidas en el día y horario durante el desarrollo del partido”, planteó, horas después de reunirse con Valdés. Y luego alude directamente a Gilabert y sus colaboradores. “Los árbitros en cuestión debieran hacer lo mismo”. Según pudo averiguar El Deportivo, el exjuez también está dispuesto a poner su mail personal e institucional para que sea investigado, en caso de ser necesario.
Horas más tarde, Mario Vargas, el Quality Manager de los árbitros, se presentó frente al oficial de cumplimiento. Era otro de la larga lista de interrogados. El juez fue involucrado directamente por Francisco Gilabert en el audio en el que se revelaron las presuntas irregularidades en el partido entre Huachipato y Copiapó. “El QM lo llama y es penal y de ahí armé el puzzle después”, plantea el juez en el diálogo que hizo público la radio ADN. “El VAR violó todos los protocolos. Fue como cobra el penal. Fue un diálogo muy trucho, ojalá que se liberen los audios”, insiste. Desde ese día, el testimonio del Quality Manager, el único facultado para mantener comunicación con quienes integran el VOR, la cabina que administra el videoarbitraje, se transformó en clave.
En conversación con El Deportivo, Vargas aclara qué sucedio ese día. Puesto en la disyuntiva de optar por una palabra para definir su posible actuación en la incidencia, uno de los apuntados es categórico. “Ninguna me gusta, porque no hubo nada. Ni intervención ni intermediación. Lo demás sería inventarle algo, pero no me caracterizo por eso”, enfatiza.
En la ANFP evalúan ir a la justicia ordinaria
En el directorio de Quilín han ido recopilando cada antecedente. Han escuchado cada testimonio y prueba que se ha ido entregado, sin entregar ninguna pista de hacia dónde está yendo la investigación.
Sin embargo, más allá de confiar en las competencias del oficial de cumplimiento, entre los miembros de la mesa de Pablo Milad ronda la idea de llevar todos los antecedentes a la justicia ordinaria. Valdés, más allá de escuchar y evaluar las pruebas de cada parte, no tiene las facultades para exigir el audio de las escuchas telefónicas que podrían terminar enterrando la teoría de una de las dos partes en cuestión. “Lo estamos viendo. No se descarta ir a la justicia para que resuelva esto”, dicen desde la casa del fútbol. Más allá de los pasos que darán en Quilín, lo que más se repite es que primero quieren escuchar la conclusión del oficial de cumplimiento.
Castrilli y los árbitros continúan en guerra. Con declaraciones en mano, y exigiendo otro tipo de investigación, ambas partes se enfrentan para hacer pesar su verdad. El tiempo, finalmente, dirá quién tiene la razón.
Fuente: La Tercera
Foto: Agencia Uno
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